Asesoría empresarial

La sociedad por acciones simplificada resuelve bien la mayoría de los casos por su flexibilidad estatutaria y porque los accionistas no responden con su patrimonio por las obligaciones sociales, salvo los supuestos en que la ley lo permite. Pero no es una respuesta automática: hay actividades vigiladas, esquemas de inversión extranjera, negocios que van a captar capital externo y estructuras familiares donde conviene mirar los demás tipos del Código de Comercio, o incluso una sucursal, antes de decidir. La pregunta se responde con el negocio a la vista, no con una preferencia general.

Los estatutos son públicos y regulan la sociedad frente a todos; el acuerdo de accionistas regula la relación entre quienes son socios hoy y admite compromisos que en los estatutos quedarían incómodos o expuestos. Ahí se pactan el sentido del voto en ciertas materias, las reglas de arrastre y de acompañamiento en una venta, la fórmula de valoración, el manejo del bloqueo y las condiciones de salida. Lo importante es que los dos documentos digan lo mismo: cuando se contradicen, la discusión empieza justo el día en que había que decidir.

Primero revisamos qué dicen los estatutos y el acuerdo de accionistas, si existe, porque a veces hay una salida pactada que las partes no recuerdan. Si no la hay, el trabajo consiste en construirla ahora: mecanismos de desempate, ampliación o reducción de las materias que requieren unanimidad, una junta directiva con un tercero independiente, o una fórmula de compra recíproca con precio determinable. Cuando el desacuerdo ya impide operar la compañía o hay decisiones que se están tomando sin las mayorías debidas, el asunto deja de ser de estructura y pasa a nuestras prácticas de litigios y arbitrajes.

El trámite en sí es corto: definido el tipo societario y firmado el documento de constitución, la inscripción se surte ante la Cámara de Comercio del domicilio y de ahí siguen el registro tributario, la apertura de cuenta y los libros. Lo que toma tiempo es lo anterior: acordar el capital y su forma de pago, el objeto, las facultades del representante legal, las mayorías y las reglas de entrada y salida de socios. Preferimos usar ese tiempo antes de constituir, porque reformar unos estatutos exige después una asamblea, unas mayorías y un registro.

Las garantías del contrato sirven para reclamar después; el due diligence sirve para saber qué está comprando ahora y para negociar con esa información en la mano. Además, no se pueden pedir garantías específicas sobre riesgos que no se conocen, y una indemnidad general rara vez cubre bien lo que ya estaba a la vista. En la práctica, los hallazgos se traducen en cosas concretas: una declaración específica del vendedor, una condición que debe cumplirse antes del cierre, una retención de parte del precio o, en algunos casos, la decisión de no seguir.

Comprar acciones es comprar la compañía completa, con su historia: sus contratos y permisos siguen en cabeza de la misma persona jurídica, pero también sus pasivos y contingencias, conocidos y no conocidos. Comprar activos o un establecimiento de comercio permite escoger qué se lleva, aunque exige ceder contratos, obtener autorizaciones y revisar el régimen de enajenación de establecimientos de comercio y sus efectos frente a los acreedores. La decisión se toma mirando a la vez lo societario, lo laboral y lo tributario, y por eso la trabajamos junto con nuestra práctica de derecho tributario.

Pueden responder. La Ley 222 de 1995 impone a los administradores deberes de diligencia y lealtad y prevé responsabilidad por los perjuicios causados a la sociedad, a los socios o a terceros cuando actúan con dolo o culpa, además de un régimen específico para los conflictos de interés y para las decisiones que los involucran. Por eso importa cómo se documentan las decisiones: qué información tuvo la junta, qué se discutió, quién se declaró impedido y qué quedó en el acta. Buena parte de nuestro trabajo en gobierno corporativo consiste en dejar ese rastro antes de que alguien lo reclame.

Depende de qué tan separada quiera mantener la operación local. La sucursal no es una persona jurídica distinta de la casa matriz, lo que simplifica ciertos temas y expone a la matriz en otros; la filial es una sociedad colombiana con patrimonio y órganos propios, y permite dar entrada a socios locales. Hay además actividades y contratos con el Estado en los que la forma está condicionada. Revisamos la actividad que se va a desarrollar, el régimen cambiario y de inversión extranjera aplicable y el efecto tributario, y sobre eso recomendamos la figura y preparamos los documentos de constitución o de incorporación de la sucursal.