Litigios y Arbitrajes

Un documento que preste mérito ejecutivo, es decir, del que salga una obligación clara, expresa y exigible a cargo del deudor. Pueden servir la factura electrónica de venta cuando se cumplieron las condiciones de emisión y aceptación, un pagaré, una letra, un cheque, un contrato con obligaciones de pago determinadas o un acuerdo de pago firmado. Lo primero que hacemos es revisar lo que la empresa tiene y decir si sirve. Si no sirve, hay que construir el título o ir por la vía declarativa, que es más larga.

Sí, y en cobro suele ser lo que define el resultado. En el proceso ejecutivo las medidas se solicitan con la demanda y se decretan junto con el mandamiento de pago. En procesos declarativos existen otras medidas, entre ellas la inscripción de la demanda y las cautelares innominadas, sujetas a los requisitos que fije el juez. Casi siempre hay que prestar una caución y se responde por los perjuicios si la medida se decreta y después se pierde el proceso, así que evaluamos ese costo antes de pedirla.

En buena parte de los asuntos civiles y comerciales la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad: sin la constancia correspondiente el juez no admite la demanda. Hay excepciones, entre ellas los procesos ejecutivos y los casos en que se solicitan medidas cautelares. Antes de radicar verificamos si el requisito aplica a su caso, porque omitirlo hace perder semanas y anunciar la demanda demasiado pronto puede darle tiempo al deudor para mover bienes.

Algunas superintendencias ejercen funciones jurisdiccionales y deciden ciertos asuntos como lo haría un juez: la Superintendencia de Industria y Comercio en competencia desleal y protección al consumidor, y la Superintendencia de Sociedades en varias controversias societarias. Otras actuaciones ante esas mismas entidades son administrativas y sancionatorias, con reglas y recursos distintos. Definir ante quién se plantea el asunto es parte de la estrategia y se decide antes de redactar el primer escrito.

Una sentencia favorable contra un deudor sin bienes no recupera nada. Por eso el rastreo patrimonial se hace antes de demandar y no después: si no aparecen bienes ni garantías, se lo decimos y evaluamos con el cliente si conviene invertir en el proceso, negociar un acuerdo de pago o castigar la cartera. Cuando sí hay bienes, el trabajo no termina con la sentencia: continúa con la liquidación del crédito y el remate hasta que el dinero entre.

Es urgente. Desde la notificación empiezan a correr términos para contestar y para proponer excepciones o descargos, y lo que se radique en ese primer escrito queda en el expediente y condiciona todo lo que siga. Lo primero que hacemos es verificar la fecha de notificación y el término aplicable, revisar qué se está reclamando y con qué prueba, y a partir de ahí definir la defensa. Perder ese término suele ser más grave que cualquier debilidad del caso.

Sí. Revisamos el expediente completo, el estado de las actuaciones, los términos que están corriendo y las decisiones ya tomadas, y entregamos por escrito una lectura del caso y de lo que se puede corregir todavía. A partir de ahí el cliente decide si sustituye el poder o si solo quiere la segunda opinión. Hay etapas ya cerradas que no se pueden reabrir, y eso lo advertimos desde el principio en vez de descubrirlo en la mitad.

No, y desconfíe de quien lo haga. La sentencia la dicta un juez sobre la prueba que se practicó, y ningún abogado controla eso. Lo que sí controlamos es el diagnóstico honesto del caso antes de invertir en él, la calidad de la demanda o de la contestación, la prueba que se recauda, las medidas cautelares que se piden a tiempo y el cumplimiento de los términos. Cuando el caso es débil se lo decimos antes de que gaste, no después.